Save the Children llama a fortalecer una respuesta integral que atienda las causas estructurales del trabajo infantil y garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Ciudad de México, 22 de octubre de 2026. – La reducción del número de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil en México representa un avance que debe reconocerse, pero no es suficiente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025, 3.48 millones de niñas, niños y adolescentes continúan en esta situación, alrededor de una de cada ocho.
Entre 2022 y 2025, esta cifra disminuyó de 3.73 a 3.48 millones, lo que representa una reducción de aproximadamente 255 mil niñas, niños y adolescentes. Para Save the Children, el dato confirma que es posible avanzar, pero también evidencia la dimensión de la deuda pendiente: millones de niñas, niños y adolescentes siguen expuestos a actividades que pueden afectar el ejercicio de sus derechos, su educación, su salud, su desarrollo y su protección.
“Los datos de la ENTI nos muestran que México puede avanzar en la reducción del trabajo infantil, pero también nos recuerdan que no podemos confundir una disminución con la solución del problema. Cada niña, niño y adolescente que permanece fuera de la escuela, expuesto a condiciones de trabajo inadecuadas o asumiendo responsabilidades que comprometen sus derechos nos habla de una tarea que todavía tenemos pendiente como país”, señaló Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política en Save the Children en México.
Uno de los principales desafíos es que el trabajo infantil no ocurre únicamente en espacios donde puede intervenir una inspección laboral. La reducción observada se concentra principalmente en la ocupación no permitida, mientras que persisten los quehaceres domésticos no adecuados, así como situaciones vinculadas con la informalidad y actividades que ocurren dentro de los hogares. Esto hace necesario ampliar la mirada: identificar y atender el trabajo infantil requiere mucho más que supervisar centros de trabajo.
La dimensión económica también es fundamental para comprender el fenómeno. Entre niñas, niños y adolescentes en ocupación no permitida, 38.8% reportó motivos relacionados con la aportación económica al hogar, la necesidad de su trabajo o el pago de la escuela y gastos propios. Al mismo tiempo, 48.4% de los hogares con presencia de trabajo infantil identificó el encarecimiento de los alimentos como un problema grave o muy grave. Estos datos muestran por qué las respuestas no pueden limitarse a pedir a las familias que dejen de recurrir al trabajo de niñas, niños y adolescentes: es necesario atender las condiciones que llevan a los hogares a depender de ese trabajo.
Las desigualdades también importan. Mientras la tasa nacional de trabajo infantil es de 12.6%, entre la población indígena alcanza 24.9%, prácticamente el doble. La brecha evidencia que las políticas públicas deben considerar las condiciones específicas de los territorios y las barreras que pueden combinarse en ellos, como el acceso a la educación, los servicios públicos, la protección social y las oportunidades laborales para las familias.
La agricultura continúa siendo el sector con mayor presencia de ocupación no permitida, con 27.7%, mientras que Guerrero, Oaxaca y Chiapas presentan las tasas estatales más altas de trabajo infantil, con 22.6%, 20.9% y 20.3%, respectivamente. Estos datos muestran que la respuesta debe tener también una dimensión territorial y atender tanto los lugares donde el problema tiene mayor incidencia como aquellos donde se concentra el mayor número de niñas, niños y adolescentes afectados.
Ante este panorama, Save the Children hace un llamado a fortalecer las capacidades del Estado para prevenir, detectar y atender el trabajo infantil, con recursos humanos, técnicos y financieros suficientes. La Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI), las autoridades responsables de la inspección laboral y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes requieren capacidades especializadas para responder también a las situaciones que ocurren fuera de los espacios laborales formales.
Asimismo, la organización considera indispensable que la prioridad expresada en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 se traduzca de manera consistente en el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y en los instrumentos sectoriales y territoriales correspondientes, con objetivos, responsabilidades, indicadores y presupuesto alineados. Una prioridad que no cuenta con recursos y mecanismos claros de implementación corre el riesgo de quedarse en una declaración.
“México cuenta hoy con más evidencia para saber dónde está el problema y con capacidades que pueden seguir fortaleciéndose. El siguiente paso es convertir esa evidencia en decisiones sostenidas: presupuesto, coordinación entre instituciones y respuestas que lleguen a los territorios y a las familias antes de que niñas y niños tengan que asumir responsabilidades que corresponden a las personas adultas y al Estado”, agregó Nancy Ramírez.
Para Save the Children, erradicar el trabajo infantil exige una respuesta integral que combine protección, educación, salud, cuidados, protección social y fortalecimiento comunitario. También requiere medir los resultados no únicamente por el número de inspecciones, reuniones o capacitaciones realizadas, sino por los cambios efectivos en la vida de niñas, niños y adolescentes: cuántos acceden a protección y restitución de derechos, si se evita la reincidencia y si disminuyen las desigualdades.
La ENTI 2025 ofrece una señal clara: México ha avanzado, pero todavía no es suficiente. Para Save the Children, el reto ahora es acelerar esa reducción y asegurar que ninguna forma de trabajo que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes quede fuera de la respuesta pública. Convertir una prioridad política en una política integral, territorial y financiada será determinante para que los avances estadísticos se traduzcan en cambios reales en sus vidas.
ACERCA DE SAVE THE CHILDREN
Save the Children es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países, atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Apoya a las niñas y niños a tener una niñez saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
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